Aunque el proyecto de Presupuesto 2026 prevé incrementos nominales en algunas partidas educativas, la inversión nacional continúa en mínimos históricos y vuelve a ubicarse por debajo del 1% del PBI. La propuesta oficial también elimina metas legales de financiamiento.
El proyecto de Presupuesto 2026 que se discute en el Congreso llega en un contexto de fuerte ajuste acumulado sobre el sistema educativo. A pesar de que varias partidas aparecen con incrementos reales -dependiendo de las estimaciones de inflación-, esos aumentos no compensan la pérdida de participación dentro del Producto Bruto Interno.
En términos históricos, el financiamiento nacional destinado a la educación retrocedió del 1,59% del PBI en 2015 a menos de la mitad en la actualidad: 0,86% en 2024, 0,73% estimado para 2025 y 0,75% proyectado para 2026. Sería el tercer año consecutivo por debajo del 1%, un hecho sin precedentes tomando como referencia los últimos 10 años.
Este comportamiento no solo refleja la caída en el gasto educativo nacional, que explica aproximadamente el 25% del financiamiento del sistema, sino que también se corresponde con el deterioro observado en los salarios docentes -que pagan las provincias-, indicador que sugiere retrocesos adicionales en la inversión provincial, aunque sin datos oficiales completos para confirmarlo.
“Se consolida un desfinanciamiento estructural”
Para Marcela Browne, coordinadora de Educación de Fundación SES y secretaria de la CADE, el proyecto oficial cristaliza una tendencia que se profundiza año tras año. Si bien el Presupuesto 2026 contempla que los fondos nacionales para educación crezcan entre 4,4% y 8% en términos reales, el problema central es que siguen perdiendo peso dentro de la economía.
Browne destaca que la Secretaría de Educación tendrá un incremento real acotado -17,9% respecto de 2025, que se traduce en apenas 3,6% de crecimiento real según la inflación prevista en el proyecto, y 0,1% si se considera la inflación estimada por el REM-, muy por debajo de otras áreas del Ministerio de Capital Humano. Este reparto revela prioridades claras: mientras áreas como el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado crecen casi 80%, la educación vuelve a quedar relegada.
El recorrido del gasto educativo nacional muestra una estabilidad entre 2013 y 2017, una caída sostenida entre 2018 y 2020, una recuperación parcial entre 2021 y 2023, y una nueva contracción en 2024 y 2025. En este marco, la recomposición prevista para 2026 representa apenas “el inicio de una recuperación modesta” frente al fuerte ajuste acumulado.
Eliminar el 6% del PBI: un retroceso en la protección del derecho a la educación
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto de Presupuesto 2026 es la propuesta de derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que desde 2006 obliga al Estado a invertir al menos el 6% del PBI en educación, sumando Nación y provincias.
La meta solo se cumplió en 2015, pero funcionó durante casi dos décadas como un parámetro político y técnico para evaluar el compromiso del Estado. Sin ese marco, se pierde una herramienta clave para exigir cuentas y medir la deuda educativa acumulada.
La propuesta también plantea desactivar otras metas legales de financiamiento:
El 0,2% destinado a Educación Técnico-Profesional,
Y el camino progresivo hacia el 0,52% del PBI para Ciencia y Tecnología.
La CADE advierte que desarmar estas obligaciones no solo consolida el recorte ya efectuado, sino que compromete el desarrollo científico y técnico del país, y debilita las capacidades del sistema educativo para garantizar condiciones de calidad.
Sostener las metas es sostener derechos
Frente a este panorama, la CADE reafirma que las metas de financiamiento no son meros indicadores contables, sino herramientas de protección del derecho a la educación.
Sin obligaciones claras, se diluye la posibilidad de exigir que el Estado (nacional y provincial) cumpla con su responsabilidad, y se dificulta medir la deuda acumulada con las infancias, adolescencias, juventudes y con el sistema educativo en su conjunto. La organización insiste en que el Presupuesto 2026 debe contemplar un horizonte de recuperación real y sostenida. Para ello, las metas legales de financiamiento son un piso indispensable.
*La imagen de portada es ilustrativa.