En el inicio del ciclo lectivo 2026, el sistema universitario nacional atraviesa un fuerte conflicto salarial. La docente e investigadora Eva Da Porta, integrante de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), señaló que los salarios del sector perdieron un 49% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023 y alertó que la falta de financiamiento pone en riesgo el funcionamiento de las universidades públicas.

En el inicio del ciclo lectivo 2026, el sistema universitario nacional enfrenta un escenario de creciente conflicto. Las asociaciones docentes convocaron a un paro nacional desde este lunes 16 de marzo y anticiparon un plan de lucha que podría extenderse durante todo el cuatrimestre.

Para la docente universitaria Eva Da Porta, integrante de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), la coyuntura actual ya alcanzó niveles críticos.

“La situación actual de los docentes universitarios es de emergencia salarial, con un 49% de deterioro del poder adquisitivo del salario respecto de noviembre de 2023”, explicó.

Según señaló, la crisis no se limita a los ingresos docentes sino que atraviesa distintas dimensiones del sistema universitario. “También hay un notable deterioro del presupuesto para gastos de funcionamiento, ciencia y técnica, becas, subsidios para investigar y extensión universitaria, que afectan día a día la vida universitaria en todos sus órdenes”, sostuvo.

Un paro en el inicio del ciclo lectivo

La medida de fuerza convocada para la primera semana de clases busca visibilizar el agravamiento de la situación económica del sector. «Expresa que la situación económica es insostenible. Los ingresos son insuficientes para sostener la vida y el nivel de endeudamiento y sobreempleo en diversas actividades, muchas veces ajenas a la docencia, ya no puede sostenerse más”, afirmó Da Porta.

El reclamo por el financiamiento universitario

En este contexto, la docente cuestionó la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido aprobada por el Congreso con el objetivo de recomponer salarios y presupuesto.

“El gobierno insiste en no cumplir con la ley de financiamiento universitario, que traería algo de alivio a la situación. En su lugar, no llama a paritarias y ofrece unilateralmente incrementos que no alcanzan a cubrir la inflación mensual y que mantienen el retraso salarial del 49%”, aseveró.

Una crisis con impacto social

Para Da Porta, el conflicto no solo afecta a los trabajadores universitarios sino al conjunto de la sociedad.

“Lo que está en juego es la posibilidad de seguir contando con educación universitaria pública, que jóvenes de diversos sectores sociales puedan acceder a formación profesional de calidad y que el país cuente con conocimiento soberano, investigación y formación profesional de primer nivel”, sostuvo.

Y advirtió que, si no hay respuestas en el corto plazo, las consecuencias podrían profundizarse, puesto que «las universidades públicas son centros que irradian conocimiento, cultura y desarrollo social», concluyó.