El DNU 941/2025, dictado por el Poder Ejecutivo durante el receso del Congreso, modifica de forma unilateral el sistema de inteligencia argentino. La medida es señalada como inconstitucional: amplía el poder de la SIDE sin controles democráticos, habilita la vigilancia masiva y afecta derechos fundamentales como la libertad, la privacidad y la autonomía.

El 31 de diciembre el Poder Ejecutivo dictó el DNU 941/2025, que reformó el funcionamiento del sistema de inteligencia argentino. Lo hizo de forma unilateral: durante el receso del Congreso, sin una ley debatida.

¿Por qué importa?

Porque modifica la manera en que el Estado puede vigilarte y afecta directamente tu libertad, tu autonomía y tu privacidad.

El decreto obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos personales con la SIDE, sin establecer procedimientos concretos ni mecanismos de control, habilitando la vigilancia masiva. La acumulación de gran volumen de información en un solo organismo es riesgosa en un contexto de falta de políticas adecuadas de seguridad de la información y filtraciones frecuentes.

No prevé control ciudadano sobre el accionar de la SIDE, que concentra más poder: puede pedir información a provincias y municipios, aprobar presupuestos secretos y compartir datos con agencias de otros países sin autorización judicial. Todo bajo absoluto secreto.

Las actividades de inteligencia se definen como encubiertas. Esto impide saber si alguien está siendo investigado, por qué o con qué información. No hay forma de reclamar frente a errores o abusos.

Por primera vez en democracia, la SIDE puede proceder a la “aprehensión” de personas sin criterios claros, garantías ni autorización judicial, habilitando detenciones arbitrarias.

El decreto también permite que las Fuerzas Armadas realicen tareas de inteligencia sobre “organizaciones no estatales”, sin criterios definidos y sin control civil, rompiendo la histórica separación entre defensa y seguridad interior.

Se amplía el concepto de contrainteligencia y se flexibilizan los límites legales a la inteligencia interior, habilitando el espionaje político. La vaguedad de los términos y la difusión de un supuesto Plan de Inteligencia Nacional profundizan el riesgo sobre la libertad de expresión, asociación y protesta.

Este DNU, manifiestamente inconstitucional, amplía la discrecionalidad estatal, debilita los controles y habilita prácticas que creíamos superadas. No existen circunstancias excepcionales que justifiquen su dictado. Desde la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) sostenemos que el Congreso debe rechazar este decreto.