Integrantes de la mesa nacional de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) analizamos los principales ejes del proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el Gobierno nacional y alertamos sobre los riesgos de fragmentación del sistema educativo, el desfinanciamiento de la educación pública y el corrimiento del Estado como garante del derecho a la educación.
Desde la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) manifestamos nuestra profunda preocupación frente al proyecto de Ley de Libertad Educativa promovido por el Poder Ejecutivo nacional. Desde una perspectiva pedagógica, política y de derechos humanos, integrantes de la Mesa Nacional advertimos que la iniciativa pone en riesgo principios fundamentales del derecho a la educación consagrados en la Ley Nacional de Educación N° 26.206 y tiende a profundizar las desigualdades estructurales del sistema educativo argentino.
“La educación es un derecho humano y un bien público social, no un bien de mercado.”
Autonomía sin proyecto nacional: el riesgo de la fragmentación
Uno de los ejes centrales del proyecto es la ampliación de la autonomía pedagógica y curricular para todas las instituciones educativas, incluidas las estatales. Desde la CADE señalamos que una descentralización extrema de contenidos y métodos, sin un marco nacional sólido, genera riesgos significativos de fragmentación del sistema, con estándares de calidad y propuestas educativas desiguales entre regiones e instituciones.
Esta lógica debilita la función del sistema educativo como herramienta para la construcción de una ciudadanía común, limita la movilidad estudiantil en el territorio nacional y erosiona la cohesión social.
“Más autonomía sin un piso común de derechos profundiza las desigualdades educativas.”
La Ley Nacional de Educación vigente ya reconoce márgenes de autonomía institucional y jurisdiccional, y establece contenidos mínimos comunes —como Educación Sexual Integral, derechos humanos, perspectiva de género, Malvinas, educación digital y diversidad cultural— que garantizan un piso de calidad, equidad y gratuidad en todo el país. Para la CADE, el problema no es la autonomía en sí misma, sino su desvinculación de un proyecto educativo nacional que asegure igualdad de oportunidades.
El corrimiento del Estado y la sobrecarga a las familias
Otro aspecto central del proyecto es el lugar que se asigna a las familias como “primer agente natural” de la educación. Desde la CADE advertimos que esta concepción implica un corrimiento del Estado como corresponsable en la garantía del derecho a la educación, trasladando responsabilidades a los hogares en un contexto de profundas desigualdades sociales.
La capacidad de elegir y sostener trayectorias educativas no es igual para todos los hogares y depende del capital económico, cultural y social disponible, lo que tiende a reforzar la segmentación del sistema educativo.
“Trasladar la responsabilidad educativa a las familias refuerza la desigualdad social existente.”
Evidencia empírica y contradicciones del proyecto
Los datos oficiales refuerzan estas preocupaciones. El informe “De dónde vienen y a dónde van. El pasaje del nivel primario al nivel secundario” (Secretaría Nacional de Educación, 2025) muestra que las trayectorias educativas están fuertemente estratificadas según el nivel socioeconómico. La transición entre niveles consolida circuitos educativos paralelos, con escasa movilidad social, reproduciendo desigualdades desde edades tempranas.
Desde la CADE queremos señalar la contradicción entre estos diagnósticos oficiales y una propuesta que profundiza la lógica de mercado en la educación.
Vouchers educativos: la educación como negocio
En la misma línea, desde la CADE cuestionamos la implementación de mecanismos como los vouchers educativos. La experiencia chilena demuestra que este modelo fomenta la segregación social, debilita la educación pública, habilita prácticas de selección y lucro educativo y precariza las condiciones laborales docentes.
“Los vouchers no amplían derechos: segmentan, excluyen y debilitan la educación pública.”
Para la CADE, la educación no puede ser tratada como un bien de consumo, sino como un derecho social universal que debe ser garantizado por el Estado.
Participación de las familias: fortalecer lo existente
El proyecto también propone la creación de consejos de padres con funciones consultivas en escuelas estatales. Si bien la CADE valora la participación de las familias en la vida escolar, advertimos que, sin una delimitación clara de roles, estas instancias pueden generar tensiones institucionales y afectar la autonomía profesional docente.
En Argentina ya existen experiencias consolidadas de participación democrática, como las asociaciones cooperadoras y los consejos de convivencia, que deberían ser fortalecidas y capacitadas en lugar de crear estructuras paralelas.
Escuela secundaria y mundo del trabajo
Respecto a la articulación entre la escuela secundaria y el sector productivo, desde la CADE reconocemos el valor pedagógico de las prácticas profesionalizantes cuando se desarrollan con sentido educativo, regulación clara y en el marco de proyectos institucionales.
Sin embargo, alertamos sobre el riesgo de subordinar la formación a demandas coyunturales del mercado laboral o de habilitar situaciones de explotación encubierta, y subrayamos la necesidad de un rol rector del Estado y la participación de la comunidad educativa en la definición de estas políticas.
La educación como derecho, no como “servicio esencial”
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la declaración de la educación como “servicio esencial”. Desde la CADE rechazamos esta iniciativa por limitar el derecho a huelga de las y los trabajadores de la educación y por desvirtuar el carácter de la educación como derecho humano y bien público social.
“Garantizar el derecho a la educación no se logra restringiendo derechos laborales, sino invirtiendo más y mejor.”
Desfinanciamiento educativo: el contexto real
En materia de financiamiento, desde la CADE advirtimos un escenario sostenido de desinversión. En 2024, la inversión educativa cayó al 4% del PBI, el nivel más bajo en 20 años, con una reducción del 40% en términos reales desde 2015. La eliminación del FONID, la suspensión de transferencias nacionales y la pérdida del salario real docente profundizan las desigualdades federales y afectan directamente el derecho a la educación.
“Sin financiamiento, no hay derecho a la educación posible.”
Diálogo y democracia educativa
Frente a este panorama, sostenemos firmemente que cualquier reforma educativa debe construirse a partir de procesos amplios de diálogo y participación de la comunidad educativa. La Ley Nacional de Educación, resultado de consensos sociales y federales, constituye un piso irrenunciable de derechos.
Avanzar en reformas sin participación y con una lógica de mercantilización implica un grave retroceso para el sistema educativo argentino, el derecho a la educación y la democracia.