Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE)
La democracia se nutre de la participación activa de la sociedad civil. Cuando las comunidades organizadas, los equipos docentes y directivos escolares, los y las estudiantes, , las familias, las organizaciones sindicales sociales nos unimos para exigir políticas públicas, defender el presupuesto educativo o garantizar que cada niño, niña y adolescente esté en la escuela, no estamos buscando un beneficio corporativo. Por el contrario, estamos ejerciendo un derecho fundamental. Sin embargo, el proyecto de «Ley de Lobby», denominado formalmente Régimen de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, confunde peligrosamente la incidencia ciudadana con los intereses comerciales y mercantilistas. El debate que se inicia en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados es crítico porque, bajo la legítima bandera de la transparencia, la propuesta oficialista esconde un mecanismo que busca estructurar una verdadera participación vigilada sobre el tercer sector.
El principal error conceptual y político del proyecto radica en que equipara la defensa de los derechos humanos y sociales con el lobby empresarial. Las organizaciones que defendemos el derecho a la educación no perseguimos un rédito económico ni privilegios sectoriales, sino que exigimos que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales. Al no distinguir la naturaleza de cada actor, la iniciativa impone un Registro Público de Gestores y la obligación de presentar reportes trimestrales que se traducen en barreras burocráticas asimétricas. Las exigencias de asesoramiento legal y los costos administrativos que una corporación multinacional absorbe sin inconvenientes resultan paralizantes para las organizaciones locales, los movimientos pedagógicos o los centros de estudiantes. De igual manera, el esquema de sanciones prevé multas que para el sector privado resultan insignificantes, pero que para las entidades sociales significarían la quiebra inmediata y el cese de sus actividades.
Nos preocupa profundamente la falta de independencia de la autoridad de aplicación y la deliberada vaguedad del texto. El Estado gozará de la discrecionalidad para aceptar, demorar o rechazar inscripciones, convirtiendo al registro en un filtro político para decidir qué voces pueden ingresar al Congreso y cuáles quedan excluidas. Exigir reportes periódicos sobre con quién nos reunimos y qué reformas impulsamos abre la puerta a una supervisión estatal permanente y selectiva, diseñada especialmente para hostigar a los actores críticos de la gestión de turno. Aún más grave es la asociación espuria que hace el proyecto entre el financiamiento de la cooperación internacional y la supuesta representación de intereses extranjeros. Esto no constituye un avance en materia de transparencia, sino un intento de estigmatización política y reputacional que busca restar legitimidad a las organizaciones civiles que tienen como función controlar al poder.
Monitorear la realidad de las escuelas, denunciar la falta de conectividad o proponer mejoras a las leyes de financiamiento educativo requiere necesariamente de un flujo libre de información. Al condicionar y redactar de forma ambigua las excepciones al periodismo y a la investigación, el proyecto también amenaza de forma directa la libertad de expresión y el resguardo de las fuentes en asuntos de alto interés público. Desde la CADE afirmamos con firmeza que democratizar el debate público no es regular el lobby. El control ciudadano sobre el poder debe ser protegido y fomentado, nunca fiscalizado por el propio poder que se intenta controlar. Instamos a las y los diputados a revisar de raíz una iniciativa que atenta contra la jurisprudencia internacional y que, tal como está redactada, debilita severamente el espacio cívico en nuestro país.