En un país atravesado por profundas desigualdades, flexibilizar el trabajo profundiza brechas educativas y debilita a la escuela pública como garante de derechos.
En la madrugada del 12 de febrero, el Senado dio media sanción a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Con 42 votos afirmativos y 30 negativos, el oficialismo consiguió avanzar con el respaldo del PRO, gran parte de la UCR y bloques provinciales. El proyecto ahora pasa a Diputados, donde el Gobierno busca convertirlo en ley antes del 1° de marzo.
Más precariedad, menos derechos
La reforma introduce cambios que alteran el equilibrio ya frágil entre capital y trabajo. Vacaciones fraccionadas, banco de horas ampliado, exclusiones en el cálculo de indemnizaciones y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que reemplaza parcialmente el régimen indemnizatorio tradicional.
A simple vista puede parecer una discusión técnica. Pero no lo es.
Cuando las vacaciones pueden fragmentarse “por acuerdo” en tramos mínimos de siete días -en relaciones laborales estructuralmente desiguales-, el derecho al descanso deja de ser un piso garantizado y se convierte en un beneficio negociable. Cuando se excluyen conceptos como el aguinaldo de la base de cálculo indemnizatoria y se fijan topes, el despido se abarata. Cuando el banco de horas se amplía, la jornada se flexibiliza al ritmo de la demanda empresarial.
El mensaje es claro. Se reduce el costo de desvincular y se amplía la disponibilidad del tiempo de trabajo.
¿Qué tiene que ver esto con la educación?
Mucho.
Primero, porque la escuela pública no es una isla. Las familias que forman parte del sistema educativo -madres, padres, estudiantes trabajadores- verán afectadas sus condiciones de vida. Un régimen laboral más inestable implica ingresos más inciertos, más rotación, más pluriempleo y menos tiempo disponible para el acompañamiento escolar.
La evidencia regional es contundente. La precarización laboral impacta directamente en las trayectorias educativas, incrementando la deserción, el ausentismo y la desigualdad de aprendizajes.
Segundo, porque el discurso de la “modernización laboral” suele ser antesala de reformas en el sector público. La lógica de flexibilización, evaluación individual y debilitamiento de derechos colectivos tiende a trasladarse al empleo estatal. En un contexto de ajuste fiscal, no es descabellado anticipar presiones para modificar regímenes docentes, limitar licencias o introducir esquemas de mayor disponibilidad horaria.
Tercero, porque cuando el despido es más barato y la estabilidad se erosiona, se debilita también la organización colectiva. Y en educación, los convenios y la negociación paritaria fueron, históricamente, herramientas centrales para garantizar condiciones mínimas de trabajo y calidad educativa.
El derecho a la educación no es neutro frente al modelo laboral
El derecho a la educación no depende únicamente del presupuesto asignado. Depende de las condiciones materiales de la sociedad que la sostiene.
Un mercado laboral más desigual profundiza brechas que luego se reproducen en el aula. Niñas, niños y adolescentes que viven en hogares con ingresos volátiles enfrentan mayores niveles de estrés, inseguridad alimentaria y cambios residenciales frecuentes. Todo ello afecta el rendimiento y la permanencia escolar.
Al mismo tiempo, docentes que deben multiplicar cargos para compensar salarios deteriorados ven afectado su tiempo de planificación, formación y descanso. La calidad educativa no puede desligarse de las condiciones laborales.
Hablar de reforma laboral sin hablar de educación es analizar solo la mitad del problema.
¿Flexibilizar para quién?
Los defensores de la reforma argumentan que facilitar la contratación generará empleo. Sin embargo, la experiencia comparada en América Latina muestra que la reducción de derechos no garantiza creación sostenida de puestos de trabajo formales. Lo que sí produce es una transferencia de riesgos desde las empresas hacia las personas trabajadoras.
En educación, esa transferencia se traduce en mayor vulnerabilidad social y, por lo tanto, en mayor presión sobre la escuela pública como red de contención.
La pregunta de fondo no es técnica sino política: ¿qué modelo de sociedad se está configurando? Uno donde el empleo es más incierto y los derechos más negociables, o uno donde el trabajo digno es condición para el ejercicio pleno de otros derechos, entre ellos la educación.
La Cámara de Diputados será el próximo escenario de un debate que debe incorporar, de manera urgente, la perspectiva educativa. Desde la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación sostenemos que cualquier reforma laboral debe evaluarse también por su impacto en la igualdad de oportunidades y en la garantía efectiva del derecho a aprender.
Porque cuando el trabajo se precariza, la desigualdad entra al aula. Y la escuela pública no puede ser la variable de ajuste de un modelo que debilita derechos.