Organizaciones del sector sostienen que el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) implica un retroceso profundo, reinstala la mirada medicalizadora y debilita la garantía de derechos fundamentales como educación, accesibilidad y participación.
La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) manifiesta su profunda preocupación ante el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su absorción dentro de una Secretaría del Ministerio de Salud.
La medida supone un retroceso significativo en la arquitectura institucional que sostiene los derechos de las personas con discapacidad y contradice los principios establecidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), instrumento con jerarquía constitucional en la Argentina.
En línea con lo señalado por la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), la eliminación de la ANDIS refuerza una mirada sanitarista y medicalizadora que reduce la discapacidad a una cuestión meramente clínica o administrativa, en abierta contradicción con el Modelo Social de la Discapacidad y el Paradigma de Derechos. Esta orientación niega que las personas con discapacidad son titulares de derechos, no pacientes permanentes ni sujetos a tutelaje estatal.
La pérdida de un organismo rector y la reducción del enfoque de derechos
Desde FAICA advierten que, con el cierre de la ANDIS, la política pública se reduce a tres ejes estrechos: la certificación mediante el CUD, el sistema de pensiones no contributivas y el Programa Federal Incluir Salud. Ninguno de estos componentes, aun siendo necesarios, constituye por sí solo una política integral. Por el contrario, la centralidad exclusiva de estos instrumentos profundiza la estigmatización, limita la autonomía y deja sin sostén a dimensiones fundamentales de la vida de las personas con discapacidad.
En la misma línea, la desaparición del organismo rector implica la pérdida de la capacidad estatal para diseñar e implementar políticas transversales en áreas como educación, justicia, empleo, accesibilidad, transporte, comunicación, cultura y participación social. Además, elimina un espacio clave para articular con las provincias, los municipios y los otros poderes del Estado, generando mayor fragmentación y desigualdad territorial.
Impacto directo en el derecho a la educación
Para la CADE, el cierre de la ANDIS tiene consecuencias directas sobre la educación inclusiva en todos los niveles. La ausencia de una entidad nacional especializada debilita, entre otros puntos, la planificación y supervisión de políticas de accesibilidad educativa, la garantía de ajustes razonables y configuraciones de apoyo, la producción de lineamientos nacionales para escuelas y sistemas de gestión, el acompañamiento técnico a las provincias y municipios y el monitoreo del cumplimiento de las obligaciones estatales.
En este escenario, cada jurisdicción queda librada a su propia competencia, incrementando las brechas y generando retrocesos en la inclusión escolar, la continuidad pedagógica y la autonomía educativa de niñas, niños, adolescentes y personas adultas con discapacidad.
Retroceso en accesibilidad y derechos clave
FAICA alerta sobre un riesgo central. Ya no existe un organismo estatal responsable de asesorar, supervisar y garantizar la accesibilidad en las políticas públicas. Esto afecta derechos concretos como el voto accesible, la educación inclusiva, la atención en salud con accesibilidad comunicacional, el acceso igualitario a la información pública, la promoción del empleo inclusivo y el cumplimiento del cupo laboral, entre otros.
Sin un ente rector, estos aspectos quedan difusos o directamente desatendidos, y se debilita toda capacidad estatal para planificar políticas inclusivas que aborden la vida cotidiana del colectivo con discapacidad.
Falta de consulta y ruptura del diálogo con las organizaciones
Una de las advertencias más graves señaladas por FAICA es la ruptura sistemática del diálogo entre el Estado y las organizaciones representativas del colectivo. De acuerdo con la CDPD, y en particular con su artículo 4.3, el Estado debe consultar de manera estrecha y permanente a las organizaciones de personas con discapacidad antes de adoptar cualquier medida legislativa, administrativa o de política pública que las afecte.
Sin embargo, FAICA denuncia que durante los últimos dos años las decisiones se tomaron de manera inconsulta y sin respuesta a solicitudes formales de articulación. El cierre de la ANDIS, lejos de revertir esta tendencia, la profundiza, dejando al sector sin un espacio claro de participación ni de incidencia en las políticas que le competen directamente.
Una señal regresiva para el país
Por último, FAICA expresa que esta medida refuerza estereotipos capacitistas y una visión que reduce a las personas con discapacidad a una carga social o económica. Esta narrativa no solo contradice las obligaciones internacionales del Estado argentino, sino que además consolida discursos discriminatorios que históricamente han excluido al colectivo de la vida social, educativa y laboral.