Impulsada por el gobierno de Javier Milei, la reforma laboral en debate representa un retroceso profundo en los derechos de la docencia. La iniciativa avanza sobre la estabilidad laboral, debilita la negociación colectiva, pone en riesgo los salarios y busca limitar el derecho a huelga, configurando un escenario de mayor precarización y debilitamiento de las condiciones necesarias para garantizar el derecho social a la educación.
Este jueves 19 de febrero se debate en Diputados el proyecto de reforma laboral que impulsa el oficialismo y que ya tiene media sanción del Senado. En un contexto plagado de tensiones, con un paro general de 24 horas que se hace sentir en todo el país, el Gobierno nacional pretende sancionar esta iniciativa, que avanza sobre pilares históricos de protección del trabajo en Argentina.
La docencia no queda al margen. Por el contrario, se encuentra entre los sectores más amenazados.
Existe una percepción extendida de que quienes ejercen la docencia, por su formación profesional y su inserción en el sistema educativo, estarían relativamente protegidos frente a las transformaciones laborales más regresivas. Esa idea es falsa.
La reforma no solo afecta a la docencia, sino que la coloca en una posición de mayor vulnerabilidad, debilitando la estabilidad laboral, la negociación colectiva y el derecho a condiciones dignas de trabajo.
El fin de la estabilidad como garantía del derecho a enseñar
La estabilidad laboral docente no es un privilegio corporativo, sino una condición estructural para garantizar la continuidad pedagógica, la libertad de cátedra y la calidad educativa. La reforma, no obstante, abre la puerta a un modelo de mayor inestabilidad, donde la continuidad en los cargos puede quedar sujeta a evaluaciones permanentes, criterios discrecionales o esquemas de renovación periódica.
Este cambio implica un giro profundo. Transforma el trabajo docente de una función pública protegida en una relación laboral cada vez más frágil. La posibilidad de perder carga horaria, horas cátedra o incluso el puesto de trabajo deja de ser una excepción para convertirse en un riesgo constante. En este escenario, la docencia se vuelve más vulnerable a presiones institucionales, disciplinamiento y arbitrariedades.
La precarización no es solo un problema individual. Es una amenaza directa al derecho social a la educación. Un sistema educativo sostenido por trabajadores inestables es, inevitablemente, un sistema más débil.
Salarios, jubilaciones y derechos en retroceso
La reforma también impacta sobre los aspectos económicos que estructuran la vida laboral docente. La modificación de las bases de indemnización, el debilitamiento de los convenios colectivos y el riesgo de eliminación de pisos salariales representan un retroceso significativo.
Además, el desfinanciamiento de jubilaciones y obras sociales afecta la seguridad presente y futura de quienes sostienen el sistema educativo. La docencia, que históricamente ha enfrentado salarios rezagados respecto de otras profesiones, podría ver profundizada esa desigualdad.
A esto se suma la intensificación del trabajo. El aumento de tareas -como tutorías, acompañamiento pedagógico o actividades administrativas- sin una remuneración acorde constituye una forma concreta de precarización. La reforma consolida un modelo donde se exige más trabajo por menos derechos.
El derecho a huelga bajo amenaza
Uno de los puntos más críticos es la intención de declarar la educación como servicio esencial, lo que implicaría limitar severamente el derecho a huelga. Este derecho no es un recurso accesorio. Es la herramienta fundamental que tienen las y los trabajadores para defender sus condiciones laborales.
Restringir el derecho a huelga en el sector educativo equivale a neutralizar la capacidad de la docencia para negociar en condiciones mínimamente equitativas. Sin esa herramienta, la relación entre el Estado empleador y los trabajadores se vuelve profundamente asimétrica.
La historia argentina demuestra que las mejoras salariales, las condiciones laborales dignas y la propia existencia de estatutos docentes han sido resultado de la organización colectiva y la lucha sindical. Limitar ese derecho implica desarmar el principal mecanismo de defensa del sector.
La desarticulación de la negociación colectiva y el debilitamiento sindical
La reforma avanza también sobre los convenios colectivos de trabajo, promoviendo un esquema donde las condiciones laborales puedan ser individualizadas o fragmentadas. Esto rompe el principio de igualdad y abre la puerta a relaciones laborales más desiguales y arbitrarias.
El debilitamiento de las organizaciones sindicales no es un efecto colateral: es un objetivo central. Al neutralizar la acción colectiva, se reduce la capacidad de resistencia frente al deterioro de las condiciones laborales.
En el ámbito universitario, el impacto es particularmente preocupante. La carrera docente, que constituye el marco institucional para el desarrollo académico, podría ser reemplazada por esquemas más flexibles e individualizados, debilitando la estabilidad y la autonomía profesional.
La precarización docente amenaza el derecho a la educación
La reforma laboral no es solo una política económica. Es una redefinición del lugar del trabajo en la sociedad. En el caso de la docencia, implica un desplazamiento desde un modelo basado en derechos hacia otro basado en la precariedad y la incertidumbre.
Esto tiene consecuencias que exceden al sector docente. La calidad de la educación está directamente vinculada a las condiciones de trabajo de quienes enseñan. No existe sistema educativo sólido sin docentes con derechos, estabilidad y reconocimiento.