Esta propuesta del Poder Ejecutivo, busca transformar el panorama educativo argentino, planteando modificaciones sustanciales que generan preocupación y debates porque transgrede normativas internacionales y nacionales vinculadas con el derecho a la educación. La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación junto a Fundación SES, CLADE, Latindadd y la Red de Justicia Fiscal ALC; en un análisis profundo, desentrañan los puntos críticos de esta legislación y señalan las potenciales amenazas a la calidad y accesibilidad de la educación en Argentina.

La Educación como un servicio lucrativo

• Se niega el dictamen que aprobó en noviembre 2023 el proyecto de ley de financiamiento educativo, que establecía que el 8% del PBI se destine a educación.
  Se elimina completamente el párrafo que -según la Ley Puiggros en 2015- prohibía expresamente suscribir acuerdos que impliquen “ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización”.
• Se cambia el ingreso gratuito e irrestricto a las universidades públicas en Argentina, que ahora tienen cursos de acompañamiento al ingreso, por exámenes de ingreso excluyentes. Además hay un negocio privado detrás de los exámenes de ingresos.
• Se rompe con el principio de la gratuidad y de la hospitalidad proclamada en el Preámbulo de la Constitución Nacional universitaria cuando se limita la garantía de gratuidad, excluyendo a personas extranjeras.
• Por si esto fuera poco, se suprime la posibilidad condicionada del ingreso a los estudios superiores a mayores de 25 años sin secundaria cumplida, y se incorporan los exámenes de ingreso. Una medida que deja en una profunda situación de desventaja a quienes están cumpliendo su condena por situaciones de conflicto con la ley, que también son ciudadanos de este país con plenos derechos.

Estos cambios, articulan con los anuncios del Sr presidente de poner en marcha un proyecto piloto de vouchers en la provincia de Santa Cruz, que ya diversos estudios de Latinoamérica y Europa, mostraron su inutilidad en términos de inclusión y calidad.

A su vez, se propone eliminar la obligatoriedad en la presencialidad a partir de 4to grado. Con la pandemia aprendimos que el rol docente es irremplazable y requiere saberes y metodologías específicas y para eso hay una formación de nivel superior. Que muchas actividades pedagógicas necesitan de la presencialidad para aprender. Además, sabemos que para que funcione la virtualidad de la enseñanza, las familias tienen que trabajar a la par de los docentes, y que la mayoría no pueden acompañar eso. A su vez, esta medida enfrenta la cruda realidad de la brecha digital y las desigualdades de acceso tecnológico. ¿Están todas las familias equipadas para sostener esta transición? Es importante reconocer las limitaciones estructurales y sociales que podrían exacerbar las disparidades educativas con esta propuesta.

En sintonía con todo el plan, se coloca a las cooperadoras escolares en el lugar de agencias de recaudación de fondos, cuando tienen la misión de promover la participación de las familias e involucrar a la comunidad educativa. Hay una diferencia sustantiva entre realizar una kermesse, una feria de platos, rifas; a recibir donaciones de empresas a cambio de publicidad, carteles o anuncios en los establecimientos educativos. La propuesta de la Ley Ómnibus abre la puerta a la influencia del mercado en el entorno educativo, generando dudas sobre la autonomía y neutralidad de las instituciones escolares. ¿Educación o propaganda?

Insistimos para que 𝙣𝙤 𝙨𝙚 𝙫𝙤𝙩𝙚 𝙚𝙨𝙩𝙖 𝙇𝙚𝙮 completa, ni tampoco alguna de sus partes porque arrasa a la gente. Temas tan fundamentales requieren del intercambio y el consenso. No hay urgencia. No hay Ley⁣.