La volatilidad económica argentina hace que el financiamiento del sistema educativo, sobre la base del porcentaje de PBI, no resulte ser lo que se necesita. ⁣

Al mismo tiempo, la ausencia de una coparticipación equitativa y solidaria entre las provincias genera una distribución desigual de los recursos lo que impacta directamente en la inversión que cada estudiante recibe para su educación.⁣

¿Dónde estamos hoy?

Aún estamos muy lejos de cumplir con la meta de universalización del derecho a la educación y quienes se ven perjudicados/as son los que menos tienen. Esto requiere un esfuerzo presupuestario mayor cuya inversión esté dirigida a saldar las inequidades en términos geográficos, de establecimientos educativos e incluso al interior de cada aula.⁣

Proponemos que se realicen modificaciones impositivas progresivas para lograr una redistribución más equitativa de los recursos:

1. Incremento del Impuesto a los Bienes Personales:

Aproximadamente 1200 personas son dueñas del 40% del territorio nacional. Si pagaran impuestos de Bienes Personales por la propiedad rural en vez de estar exentas se recaudaría el 8% de lo que estipula la Ley de financiamiento educativo.

2. Anualización del 50% del Impuesto a las Grandes Fortunas:

Abogamos por la anualización del 50% del impuesto a las grandes fortunas, generando ingresos adicionales por $120 mil millones anuales. Esta medida asegura una contribución más equitativa de aquellos con mayores recursos.

3. Reducción del 20% en Gastos Tributarios:

Proponemos una reducción del 20% en los gastos tributarios, con un potencial adicional de $248 mil millones para el presupuesto educativo. Esto implica eliminar tratamientos impositivos diferenciales que benefician a ciertos grupos y sectores económicos.

4. Reducción del 30% en la Evasión del Impuesto a la Renta de Sociedades:

Abogamos por una reducción del 30% en la evasión del impuesto a la renta de sociedades, buscando contrarrestar la pérdida anual de $1200 millones. Esta medida fortalecería la base impositiva y contribuiría al financiamiento educativo.

Tomando las decisiones correctas, no hace falta un DNU. Si el Estado implementa estas medidas se podría recaudar 1 de cada 4 de los pesos que se necesita para cumplir con la Ley de Financiamiento Educativo. Esto significa aumentar un 24% el presupuesto educativo anual.