La Argentina atraviesa un proceso electoral en el que circulan propuestas que buscan reducir la presencia del Estado. Sabiendo que es el único que puede garantizar que este derecho llegue a cada una las personas, es importante poner énfasis en el derecho humano a la educación como pilar fundamental de la condición humana y de nuestra sociedad. Que cada persona tenga el derecho de aprender, crecer y elegir lo que quiera ser a lo largo de su vida .

Según datos de UNESCO, el gasto público por estudiante en la región sigue siendo muy bajo. En América Latina se invierten: 2294 USD de promedio en nivel pre primaria, 2645 USD en primaria, 2669 USD en secundaria y 3518 USD en terciaria. En el Caribe es aún menor: 1159 USD en pre primaria, 1818 USD en primaria y 2671 USD en secundaria. En comparación, los países que integran La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico​ (OCDE) destinan casi cuatro veces más por estudiante. En promedio: 8092 USD en pre primaria, 9601 USD en primaria, 10655 USD en secundaria y 13420 USD en terciaria.

Según el informe realizado por CADE, en 2021 el Estado aumentó un 19% la inversión en educación, para dar respuesta a la crisis producto de la pandemia de la COVID-19. Esa decisión obtuvo resultados tangibles, la matrícula aumentó en todos los niveles (llegando a casi el 100% en primario, 94% en secundario y 48% universitario), en el secundario cada día repiten menos estudiantes (en 2021 el 86% pasó de año) y un número mayor de la población estudiantil egresa del nivel secundario (en 2020 egresó el 73%).

En gran medida esa inversión pudo hacerse por lo que recaudó Aporte solidario y extraordinario, política fiscal que logró recaudar $240 mil millones en 2021 con el impuesto de 2 por ciento de los patrimonios de las personas físicas que habían declarado, hasta la fecha de la promulgación de la ley, una fortuna de más de 200 millones de pesos.

La estructura tributaria argentina muestra una matriz sumamente regresiva, donde los impuestos indirectos representados especialmente por el IVA resultan un 52% superiores a los impuestos directos (Ganancias de personas físicas y Sociedades, Bienes Personales). El Impuesto al Valor Agregado es el más regresivo, ya que grava el consumo en general con una alícuota única para casi todos los bienes y servicios (21% salvo en algunos alimentos como el pan que tiene una reducción de 10,5%). Además, si se suman otros impuestos menores como combustibles, cuentas corrientes, e internos los impuestos indirectos ascienden a 40%.

Desde Fundación SES y La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) tenemos una propuesta de modificaciones impositivas de carácter progresivas con lo que sería posible una redistribución más equitativa de los recursos para acercarnos al cumplimiento del derecho universal a la educación. La implementación de estas medidas permitiría mejorar en un 16% el presupuesto educativo nacional anual:

– Incremento del 10% del impuesto a los Bienes Personales: recaudó $278 mil millones en 2021, con lo que un incremento del 10% aportaría $27,8 mil millones adicionales.

– Anualización del 50% del impuesto a las grandes fortunas: $240 mil millones de recaudación en 2021, con lo cual, si se hace anual el 50%, se obtendrían $120 mil millones adicionales.

– Reducción del 20% gastos tributarios. El Ministerio de Economía de la Nación estimó en 2021 un total de 2,68 puntos de PBI de pérdida en la recaudación por un tratamiento impositivo diferencial a ciertos grupos y sectores económicos y de estos, 0,11 puntos corresponden a la exención del impuesto a las ganancias de magistrados. Una reducción del 20% en gastos tributarios podría aportar un adicional de $248 mil millones.

– Reducción del 30% la evasión del impuesto a la renta de sociedades. Según Tax Justice Network el total de evasión del impuesto a la renta por sociedades operando en paraísos fiscales asciende a US$1200 millones anuales. Una reducción del 30% aportaría $54 mil millones.